Un caso de fraude electrónico ha sacudido la ciudad de Santiago, donde las autoridades han procedido con el arresto de una mujer presuntamente implicada en la sustracción de más de 1.5 millones de pesos.

La Dirección del Área de Policía Cibernética de la Región Norte identificó a la detenida como Carolyn Massiel Gómez Reyes, quien ahora enfrenta serias acusaciones por su supuesta participación en un elaborado esquema de estafa utilizando medios tecnológicos. Este incidente pone de relieve la creciente amenaza de los delitos cibernéticos en el país y la respuesta de las fuerzas del orden para combatirlos.

Detalles de la captura y el proceso judicial

La detención de Gómez Reyes no fue un acto fortuito, sino el resultado de una investigación coordinada. Miembros del Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos de la Policía Nacional ejecutaron la acción en el destacamento policial de Los Salados. La aprehensión se llevó a cabo en cumplimiento de la orden de arresto No. 07332-2023, que pesaba en su contra. Una vez bajo custodia, fue trasladada al departamento de Delitos Cibernéticos para continuar con el debido proceso, demostrando la seriedad con la que se manejan estos casos.

El método utilizado en la estafa millonaria

Según la información proporcionada en la denuncia que originó la investigación, el esquema era directo. La víctima sufrió la sustracción del dinero mediante transferencias fraudulentas que se realizaron desde su cuenta bancaria. El destino de los fondos fue una cuenta en una cooperativa a nombre de Carolyn Massiel Gómez Reyes, quien figura como la beneficiaria directa del millón y medio de pesos. Cuando las autoridades arrestan a una mujer en este tipo de casos, se busca desmantelar la red y recuperar los activos en la medida de lo posible.

Fundamentos legales del caso

Este tipo de delito está claramente tipificado en la legislación dominicana. El accionar de la imputada constituye una violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Específicamente, las autoridades han señalado que los hechos se enmarcan en los artículos 6, 13 y 15 de dicha ley, que sancionan el acceso ilícito, la estafa y la complicidad en crímenes de alta tecnología. El fraude electrónico es una ofensa grave que conlleva consecuencias legales significativas para quienes resulten culpables.

El portal de noticias n.com.do informó que la imputada será puesta a disposición del Ministerio Público del Distrito Judicial de Santiago en las próximas horas. Allí, se le conocerán las medidas de coerción correspondientes y se dará inicio formal al proceso judicial en su contra.

La comunidad espera que este caso sirva como ejemplo para disuadir a otros de cometer actos similares, mientras las autoridades refuerzan sus capacidades para proteger a los ciudadanos en el entorno digital. Es un recordatorio para que las personas tomen precauciones adicionales con su información financiera y estén atentas a cualquier actividad sospechosa en sus cuentas bancarias.