El contrato Senasa Farmacard para la provisión de medicamentos a miles de afiliados fue anulado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) tras detectar serias irregularidades que violan la ley. Este acuerdo, firmado el 28 de febrero de 2025, comprometía más de RD$11,304 millones de fondos públicos durante un período de tres años y fue realizado sin un proceso de competencia transparente. La decisión del organismo regulador detiene un pacto que levantó cuestionamientos desde su inicio.

La investigación, destacada en un reporte del programa de Nuria, revela que el acuerdo con la empresa Farmacard SRL se ejecutó de manera directa. Senasa argumentó que se trataba de un contrato con una Prestadora de Servicios de Salud (PSS), pero la DGCP determinó que la compañía no contaba con el aval del Ministerio de Salud Pública para operar bajo esa figura.

Un negocio de cifras extraordinarias

El convenio establecía un pago mensual. Este acuerdo con Farmacard no parece ser un caso aislado. El reporte periodístico también señala que el convenio se sumaba a otros contratos millonarios adjudicados por Senasa en años recientes bajo esquemas que han generado dudas por su naturaleza y montos.

Entre ellos se encuentra un contrato para atención primaria en el régimen subsidiado con la empresa Punto Médico Familiar-Khersum por un valor de RD$3,770 millones. Adicionalmente, se adjudicaron servicios de telemedicina por RD$290 millones y de odontología a la compañía Salud Bucal SRL por una suma idéntica, según detalla la fuente.

Sumados, estos compromisos previos ya superaban los RD$4,350 millones en el período de 2021 a 2025. Al incluir el ahora anulado pacto con Farmacard, el monto total en fondos públicos destinados a empresas privadas en el sector salud ascendía a más de RD$15,650 millones, una cifra que evidencia la magnitud de estas operaciones financieras.

Un detalle adicional en el documento era una cláusula de renovación automática por tres años más. De haberse aplicado, el negocio podría haber superado los RD$22,000 millones, consolidando un control privado sobre una parte sensible del sistema de salud.

Las funciones que Senasa transfería

Bajo los términos del acuerdo, Farmacard SRL asumía responsabilidades que tradicionalmente manejaba el Seguro Nacional de Salud. Una de las más importantes era el pago directo a la red de farmacias. Según el artículo séptimo del contrato, los prestadores farmacéuticos debían someter sus facturas a Farmacard, que luego de auditarlas, pagaría directamente los valores correspondientes.

Además, la empresa privada pasaba a gestionar el límite de las cuotas de medicamentos ambulatorios para cada afiliado. Esta tarea, que implica un control directo sobre los recursos de los beneficiarios, quedaba en manos de una entidad externa a través de su plataforma tecnológica MEDINET, lo que para la DGCP desvirtuaba la naturaleza de una PSS.

Irregularidades y un contrato previo cancelado

La principal violación detectada por Contrataciones Públicas fue la falta de un proceso de licitación. Al ejecutar una contratación directa bajo una figura improcedente, se limitó la libre competencia y la transparencia que exige la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.

Este nuevo pacto surgió justo después de una decisión llamativa por parte de Senasa. La aseguradora estatal mantenía un contrato vigente con la empresa DNH Digital Health Network SRL desde julio de 2020 para la gestión de autorizaciones de medicamentos. Sin embargo, ese acuerdo fue cancelado en marzo de 2025, apenas tres meses antes de su fecha de vencimiento en junio de 2025, para dar paso de inmediato al contrato Senasa Farmacard.

Para no afectar la entrega de medicinas a los ciudadanos, la DGCP permitió que el acuerdo anulado se mantuviera vigente por un plazo de 70 días hábiles, tiempo en el cual Senasa deberá buscar una solución apegada a la ley.