La Operación Domo ha culminado con el desmantelamiento de una sofisticada red de piratería que se dedicaba a vulnerar sistemas de seguridad de canales de televisión por paga y populares plataformas de streaming.

El Ministerio Público informó que esta estructura revendía las señales de manera ilegal tanto en el territorio nacional como a nivel internacional, generando ganancias millonarias a través de la violación de derechos de autor.

El ingenioso método de operación

Los miembros de esta red utilizaban mecanismos tecnológicos avanzados para capturar y redistribuir contenido protegido, como programas de televisión, series y películas. Ofrecían suscripciones ilícitas a precios reducidos, atrayendo a una gran cantidad de clientes que pagaban por el servicio ilegal. Una de las particularidades del esquema era el uso de pagos con criptomonedas, lo que dificultaba el rastreo de las transacciones financieras y permitía a los implicados mover el dinero con mayor facilidad.

Un historial delictivo que cruza fronteras

Las investigaciones revelaron un dato de gran relevancia sobre el carácter transnacional de la organización. Según las autoridades, al menos cuatro de los imputados en este caso ya habían sido condenados en los Estados Unidos en el año 2017 por cometer delitos muy similares relacionados con la piratería digital. Este antecedente confirma la experiencia y el alcance internacional de los involucrados en estas actividades ilícitas.

Un amplio despliegue y cargos serios

La desarticulación de esta red fue posible gracias a un operativo de gran escala que movilizó a unos 30 fiscales. Se llevaron a cabo 19 allanamientos simultáneos en diversas localidades, incluyendo el Distrito Nacional, la provincia de San Pedro de Macorís y el municipio de Jarabacoa, en La Vega. De acuerdo con la información publicada por el Diario Libre, en la operación participaron varias unidades especializadas del Ministerio Público y de la Policía Nacional.

Además, se contó con el apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), lo que demuestra la cooperación internacional para combatir este tipo de crímenes. Los detenidos enfrentarán cargos formales por violación a la propiedad intelectual, crímenes y delitos de alta tecnología, y lavado de activos, delitos que están sancionados en la legislación dominicana.