Los casos de corrupción y mala administración han generado fuertes cuestionamientos durante la gestión del presidente Luis Abinader. A pesar de las promesas de transparencia, se han conocido al menos nueve grandes escándalos en diversas instituciones públicas que han resultado en destituciones, investigaciones penales o, en algunas ocasiones, ninguna sanción clara para los responsables.

Desde el inicio de la gestión, varios incidentes han manchado la administración sin que se conozcan consecuencias penales directas. Entre ellos se encuentra el sonoro robo de los datos de vacunación contra la Covid-19 del Ministerio de Salud Pública. En esa misma institución, se denunció una red de venta de “nombramientos” que llevó a la destitución del director de Recursos Humanos.

A esto se suma la persistente falta de medicamentos en el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL), una situación que afecta directamente a la población más vulnerable.

Señalamientos a funcionarios y licitaciones fallidas

Las irregularidades no se han detenido ahí. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) ha estado en el centro de la polémica por cancelaciones de licitaciones irregulares. El sistema de peajes electrónicos "Paso Rápido" ha sido objeto de múltiples denuncias por fallos y fraudes. Incluso el Ministerio de Agricultura se vio salpicado por la destitución de personal de seguridad que, según informes, manejaba dinero de forma indebida y aparecía beneficiado con grandes créditos del Programa de Apoyo Agropecuario.

Dentro del gobierno de Luis Abinader, figuras de alto perfil también han sido señaladas. Roberto Fulcar enfrentó críticas por la adquisición de libros digitales durante su tiempo en el Ministerio de Educación.

Por otro lado, Bartolomé Pujals, exdirector de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información (Ogtic), estuvo envuelto en al menos tres controversias: la contratación de un tuitero por más de 6 millones de pesos para proyectos que nunca se materializaron, el descrédito público a un empleado que denunció irregularidades internas y un cuestionado alquiler millonario para un nuevo edificio. Actualmente, Pujals se desempeña como embajador ante la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci).

El caso más reciente involucra al Senasa

El escándalo más reciente que ha captado la atención pública es el que rodea al Seguro Nacional de Salud (Senasa) bajo la dirección de Santiago Hazim. El gobierno anunció que presentó un informe ante la Procuraduría General de la República que detalla graves irregularidades para que se inicien las investigaciones correspondientes.

Según la fuente Listin Diario, aunque el gobierno no ha especificado todos los hallazgos, reportajes periodísticos señalan la existencia de contratos millonarios que se pagaban mensualmente sin la debida prestación de servicios. Además, se menciona un “call center paralelo” que presuntamente gestionaba autorizaciones de manera irregular.

Como parte de esta trama, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anuló el pasado 15 de agosto un contrato entre Senasa y la empresa Farmacard, S.R.L. La DGCP determinó que el acuerdo violaba la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, ya que se realizó como una contratación directa, evitando un proceso de licitación pública que garantizara la libre competencia y la transparencia.

La confirmación de estas acciones fue comunicada por Félix Reyna desde el Palacio Nacional, indicando que el superintendente de Salud, Miguel Ceara Hatton, y el director de Senasa, Edward Guzmán, entregaron formalmente el informe a las autoridades judiciales.