

El sistema de consecuencias debe aplicarse sin excepciones dentro de la Policía Nacional. Con estas palabras, la senadora Faride Raful fijó una posición clara sobre la rendición de cuentas en los cuerpos de seguridad del Estado. Su declaración subraya que ningún agente está por encima de la ley y que las acciones que se apartan de los principios de la institución serán investigadas y sancionadas como corresponde para mantener la integridad de la uniformada.
La postura de la legisladora refuerza la idea de que la confianza ciudadana depende de la transparencia y la justicia con que actúan sus autoridades. En un mensaje dirigido a la opinión pública, se estableció una línea clara entre el respaldo a la labor policial legítima y la necesidad de sancionar las malas prácticas que manchan el uniforme y la reputación de miles de agentes que trabajan de manera honesta en todo el territorio nacional.
Una misión de proteger y servir
La Ministra Raful, a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, recordó que la misión principal de la policía es proteger y servir a la ciudadanía.
Expresó su total apoyo y reconocimiento a los agentes que cumplen con este deber. Sin embargo, fue enfática al señalar que cuando un miembro de la institución se desvía de la ley, el sistema de consecuencias debe actuar con firmeza y sin distinción. Este mecanismo es visto como una garantía para que los derechos de las personas sean siempre respetados por quienes tienen el deber de protegerlos.
Para garantizar la transparencia y la legalidad del proceso, se ha informado que la investigación principal está en manos del Ministerio Público. Raful destacó que este es el único órgano con la facultad para ofrecer detalles sobre el avance del caso. Esta medida busca asegurar que las pesquisas se realicen de manera objetiva y apegadas al debido proceso legal, separando la investigación judicial de cualquier influencia interna y dando tranquilidad a la población sobre la seriedad de las acciones.
Proceso disciplinario interno en la Policía
De forma paralela a las acciones judiciales, la senadora mencionó que la Policía Nacional ha iniciado su propio proceso disciplinario interno. Esta acción es independiente y complementaria a la investigación penal. Su objetivo es evaluar las faltas administrativas y aplicar las sanciones internas que correspondan, reforzando la disciplina dentro de la institución y enviando un mensaje claro de que no se tolerarán conductas inapropiadas entre sus filas.
La declaración de Faride Raful también reflejó la postura del gobierno dominicano. Aseguró que existe un compromiso claro de respaldar todas las actuaciones correctas de los agentes policiales que cada día arriesgan su vida por la seguridad de todos. Al mismo tiempo, se garantiza la aplicación de sanciones firmes en aquellos casos donde se demuestre que hubo una violación de los protocolos y las leyes vigentes en el país, asegurando que la justicia prevalezca.
Con estas afirmaciones se busca reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de orden público. La idea de que nadie está por encima de la ley es un mensaje directo a todos los miembros de la fuerza policial, estableciendo que la rendición de cuentas es una parte vital de sus funciones para mantener la seguridad y el respeto en la sociedad dominicana.
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