Las deportaciones de haitianos desde República Dominicana alcanzaron un número impresionante durante el pasado mes de julio, marcando una continuidad en las políticas migratorias que el gobierno ha intensificado en el último año. La Dirección General de Migración (DGM) confirmó que un total de 31,462 ciudadanos haitianos en situación irregular fueron devueltos a su país, una cifra que evidencia la rigurosa postura de las autoridades dominicanas frente a la migración irregular.

Este flujo constante de repatriaciones eleva el total del año a una cifra significativa, con 215,463 personas devueltas a Haití desde que comenzó el 2024. La DGM ha mantenido un ritmo sostenido, promediando más de 30,000 deportaciones cada mes. Esta estrategia responde a un plan gubernamental que busca tener una cobertura en todo el territorio nacional para controlar los flujos migratorios y aplicar las normativas vigentes de manera estricta.

En esa fecha, el presidente Luis Abinader emitió una orden directa para la expulsión masiva de todos los migrantes en condición irregular, una medida que impactó de manera predominante a la población de origen haitiano, que representa el grupo más numeroso de extranjeros en el país.

Desde entonces, los operativos se han vuelto una constante en diversas provincias, especialmente en aquellas con una alta concentración de comunidades de inmigrantes. Las autoridades de Migración han desplegado a su personal en jornadas diurnas y nocturnas, realizando detenciones en espacios públicos, áreas de trabajo y zonas residenciales para luego proceder con el proceso de deportación.

Medidas se endurecen en medio de la crisis

La situación se ha vuelto más compleja debido a la profunda crisis social, política y de seguridad que atraviesa Haití. A pesar de los continuos llamados de atención por parte de organismos internacionales, que solicitan una suspensión temporal de las expulsiones debido a la violencia y la inestabilidad en el país vecino, el gobierno dominicano ha mantenido su posición.

En abril de este año, se implementó un paquete de 15 nuevas medidas para gestionar lo que se ha denominado la crisis migratoria RD. Una de las disposiciones más comentadas ha sido la implementación de un protocolo en los centros de salud. Este exige al personal médico solicitar una identificación y un comprobante de domicilio a los pacientes de nacionalidad haitiana antes de recibir atención.

Esta normativa ha tenido consecuencias directas y muy sensibles, afectando principalmente a grupos vulnerables. Se han documentado casos de mujeres embarazadas y madres que recién han dado a luz, quienes han sido detenidas en los propios hospitales y posteriormente deportadas. Estas acciones han generado una fuerte reacción de organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, que alertan sobre los riesgos que corren estas personas al ser devueltas a un entorno tan volátil como el haitiano.

Las autoridades dominicanas, por su parte, defienden sus políticas como un ejercicio de soberanía y una necesidad para mantener el orden y la seguridad dentro de sus fronteras. Argumentan que la aplicación de la ley migratoria es una responsabilidad ineludible del Estado para garantizar el bienestar de sus ciudadanos y la gestión adecuada de sus recursos. La tensión entre la seguridad nacional y las obligaciones humanitarias sigue definiendo este complejo panorama en la isla.

Fuente: Almomento.net