El patrimonio de Hosanna Isis Lemoine Fernández, actual procuradora adjunta de la República Dominicana, ha generado un intenso debate y sorpresa en la opinión pública. La funcionaria presentó una declaración jurada de bienes que asciende a una cifra que roza los seis mil millones de pesos dominicanos, un monto que ha captado la atención de todos los sectores del país y ha puesto el foco sobre sus finanzas.

La revelación de este considerable capital proviene directamente del documento legal que todos los funcionarios públicos están obligados a presentar ante la ley, como un ejercicio de transparencia. Hosanna Isis Lemoine Fernández, quien ocupa una posición de alta responsabilidad en el sistema judicial, detalló en su informe una serie de activos que componen su fortuna.

¿De dónde proviene la fortuna?

Aunque el origen específico de cada activo es parte de la información privada contenida en el documento, se entiende que una fortuna de esta magnitud usualmente se compone de una combinación de bienes raíces, inversiones en diversas empresas, tenencias en cuentas bancarias tanto nacionales como internacionales y otros activos de alto valor. La magnitud del monto declarado ha levantado interrogantes sobre cómo una servidora pública ha podido acumular tal cantidad de recursos.

La discusión no se ha hecho esperar en medios de comunicación y redes sociales, donde los ciudadanos analizan y comparan la cifra con el salario que corresponde a su cargo.

Un ejercicio de transparencia obligatorio

Es importante señalar que la declaración jurada de bienes es un requisito establecido por la Ley 311-14 en la República Dominicana. Esta legislación busca promover la transparencia y la rendición de cuentas, permitiendo que la sociedad pueda conocer el estado patrimonial de quienes manejan fondos y toman decisiones públicas. El documento presentado por Lemoine Fernández cumple con esta disposición legal, pero su contenido ha resultado ser extraordinario.

El caso de la procuradora adjunta República Dominicana se convierte en un punto de referencia sobre la riqueza que pueden llegar a acumular algunas figuras del ámbito público. Su declaración está ahora bajo el escrutinio de la ciudadanía y de los organismos de control pertinentes, quienes tienen la tarea de verificar la veracidad y la procedencia lícita de lo declarado.

La noticia, fue difundida inicialmente por Remolacha.net