El empresario Jochy Gómez continuará con sus activos financieros y bienes inmovilizados, luego de que un tribunal del Distrito Nacional rechazara una solicitud que buscaba levantar la medida cautelar impuesta en su contra. La decisión mantiene la congelación de bienes vinculados a su empresa OML Inversiones S.R.L., en el marco de la investigación por un presunto caso de corrupción administrativa ligado a la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.

La jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fue quien denegó la petición presentada por la defensa de José Ángel Gómez Canaán, nombre de pila del empresario. Con esta resolución, se confirma la orden que pesa sobre tres cuentas bancarias y tres inmuebles que pertenecen a la mencionada compañía.

Detalles de la decisión judicial

La resolución del tribunal, identificada con el número 058-2025-SOTR-00052 y emitida el pasado 14 de agosto de 2025, ratifica la validez de una orden de inmovilización que fue dictada originalmente el 10 de octubre de 2024. Dicha orden inicial fue autorizada por la magistrada Kenya Scarlett Romero Severino, permitiendo al Ministerio Público tomar control preventivo sobre los activos mientras avanza el proceso penal.

Esta medida faculta a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida por Wilson Camacho, para que a través de diversas instituciones estatales se garantice el cumplimiento de la orden. Los organismos notificados para ejecutar el bloqueo incluyen a la Superintendencia de Bancos (SB), la Superintendencia del Mercado de Valores (SIV), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop).

Alcance de la medida cautelar

La disposición judicial es clara al señalar que la prohibición de transferir o movilizar fondos y propiedades aplica tanto a Jochy Gómez como persona física, como a la razón social OML Inversiones S.R.L. Aunque la empresa no ha sido formalmente imputada en el expediente, se encuentra bajo un intenso escrutinio por su presunta vinculación con el entramado delictivo que se investiga. El objetivo es evitar cualquier alteración o traspaso de los bienes que pudieran estar relacionados con los hechos perseguidos por la justicia.

La conexión con el caso de los semáforos

El fondo de este asunto judicial se encuentra en la licitación INTRANT-CCC-LPN-2023-0001, un proyecto destinado a modernizar el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo. Las autoridades investigan una supuesta red de corrupción que habría operado para obtener beneficios ilícitos a través de este contrato público. Gómez Canaán es señalado por el Ministerio Público como una de las figuras centrales dentro de esta presunta trama.

La investigación de la Pepca se centra en determinar si hubo irregularidades en el proceso de adjudicación y ejecución del contrato, así como el destino de los fondos públicos desembolsados. La congelación de bienes es una herramienta procesal utilizada para asegurar que, en caso de una eventual condena, se pueda disponer de los activos para resarcir al Estado por los daños causados.

El rol de la empresa OML Inversiones

La resolución judicial expone uno de los motivos principales por los que la empresa OML Inversiones está siendo investigada. Según se detalla en el documento, la compañía, representada legalmente por Gómez Canaán, fue receptora de una suma superior a los 57 millones de pesos.

Estas transacciones se habrían producido después de que se realizaran pagos a la empresa Transcore Latam S.R.L., que fue la contratista principal del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) en el mencionado proceso de licitación.

Los fiscales buscan establecer el origen y la justificación de estos traspasos de fondos, que son considerados una pieza clave dentro del esquema que se investiga. La situación legal del empresario y su compañía se mantiene a la espera de los próximos avances en el proceso judicial.

Fuente: Diario Libre