El cierre centro Alcatraz, una instalación de detención migratoria al oeste de Miami, ha sido ordenado por la jueza federal Kathleen Williams, quien estableció un plazo de 60 días para su completo desmantelamiento. Esta decisión, emitida este jueves, también prohíbe de manera inmediata el ingreso de nuevas personas al centro, marcando una victoria significativa para una coalición de grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee que habían presentado una demanda para proteger el ecosistema de los Everglades.

La medida responde a una acción legal iniciada por organizaciones como Friends of The Everglades y el Center for Biological Diversity, junto con representantes de la tribu Miccosukee, un pueblo indígena con profundos lazos ancestrales en la zona. Su principal argumento se centró en los graves daños ambientales que la construcción y operación del centro, conocido popularmente como 'Alligator Alcatraz', estaba causando en una de las reservas naturales más importantes de Norteamérica.

Un fallo judicial que protege a los Everglades

La demanda buscaba frenar las operaciones del centro por razones puramente ambientales. El lugar fue edificado sobre un área natural que sirve de hábitat para al menos 36 especies endémicas que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. Entre la fauna afectada se encuentran la pantera de Florida, diversas especies de cigüeñas, así como caimanes y cocodrilos americanos, cuya supervivencia depende de la integridad de este delicado humedal.

El centro de detención migratoria Miami, que fue inaugurado el pasado 3 de julio tras una visita del expresidente Donald Trump a la zona, tenía una capacidad inicial para albergar a 2.000 personas. Sin embargo, los planes impulsados por la administración del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, contemplaban una expansión para duplicar esa capacidad hasta los 4.000 detenidos, según informó la División de Gestión de Emergencias de Florida (DEM). La orden de la jueza Williams frena por completo estos planes de expansión y exige revertir el desarrollo que ya se había realizado.

Las condiciones específicas de la orden de cierre

El fallo de la jueza Kathleen Williams es detallado y establece una serie de pasos claros que las autoridades deben seguir para cumplir con la orden. No se trata solo de cerrar las puertas, sino de restaurar el área a su estado anterior en la medida de lo posible.

Plazo y prohibiciones inmediatas

La orden judicial prohíbe la instalación de cualquier tipo de infraestructura adicional en el sitio. Esto incluye la prohibición de levantar más tiendas de campaña, dormitorios prefabricados, edificios administrativos u oficinas. Del mismo modo, se detiene cualquier trabajo de pavimentación, excavación o la instalación de nuevas cercas en el perímetro del aeropuerto abandonado donde se erigió el campamento. El objetivo es detener el avance de la construcción y limitar el daño ecológico de inmediato.

Una vez transcurrido el plazo de 60 días, las autoridades tienen la obligación de desmantelar por completo las instalaciones. Esto implica la remoción de todo el cerco perimetral para permitir nuevamente el libre paso de la fauna y el acceso de la tribu Miccosukee a sus tierras ancestrales. Además, se deberá retirar toda la iluminación industrial que se instaló, la cual causa una considerable contaminación lumínica y afecta los ciclos naturales de los animales. Finalmente, la orden exige que se retiren todas las instalaciones de gas, los sistemas de drenaje y el manejo de desechos que fueron implementados para el funcionamiento del proyecto.

A pesar de la claridad del fallo, se anticipa que la disputa judicial no ha terminado. El gobernador Ron DeSantis y el fiscal general de Florida, James Uthmeier, han expresado públicamente su desacuerdo con la legitimidad de la jueza Williams, quien fue nominada durante la administración del expresidente demócrata Barack Obama. Ambos han señalado su intención de combatir las decisiones judiciales que consideren adversas a sus políticas, lo que sugiere que podrían apelar el fallo o presentar nuevos recursos legales para intentar mantener el centro en funcionamiento.

La situación del cierre centro Alcatraz pone de relieve la tensión existente entre las políticas migratorias y la protección del medio ambiente, un debate que sigue generando una fuerte polarización en el estado de Florida y en todo el país.