Las evaluaciones médicas de Angel Martinez han motivado una importante decisión en el sistema de justicia. Un tribunal del Distrito Nacional ha concedido un permiso especial de 30 días al controversial comunicador para que pueda viajar a los Estados Unidos con el fin de someterse a varios chequeos de salud.

La decisión fue tomada por la jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia de la capital, en el marco de una audiencia reciente. El permiso se centra estrictamente en la necesidad del acusado de recibir atención médica que, según su defensa, requiere realizarse en territorio estadounidense.

El origen de la audiencia

La sesión en la corte donde se aprobó este permiso correspondía al proceso que se le sigue a Martínez por una querella de difamación e injuria interpuesta por el diputado Sergio Moya, conocido popularmente como "Gory". Durante la audiencia, la magistrada Almonte escuchó los argumentos presentados por la defensa y determinó que era procedente otorgar la autorización de viaje. No obstante, se establecieron condiciones claras.

Angel Martinez tiene un plazo de 30 días para completar sus evaluaciones médicas y, una vez concluido ese período, deberá regresar a la República Dominicana para continuar enfrentando los cargos que pesan en su contra. La defensa del imputado recibió con agrado el veredicto, destacando que se trata de un levantamiento temporal del impedimento de salida que le había sido impuesto previamente como parte de las medidas de coerción.

Un historial de procesos legales

El caso de Sergio Moya no es el único que enfrenta el comunicador. El proceso judicial de Angel Martinez es complejo y abarca varias querellas presentadas por distintas figuras públicas. Entre los demandantes se encuentra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien también lo acusó de difamación e injuria. De igual manera, en la ciudad de Santiago, el empresario Arnulfo Gutiérrez emprendió acciones legales por los mismos delitos.

Esta acumulación de casos ha llevado a que sobre Martínez pesen diversas medidas de coerción para asegurar su vinculación al proceso. Antes de esta nueva decisión, se le había impuesto la obligación de presentación periódica ante las autoridades, el pago de una fianza, la colocación de un grillete electrónico para monitorear su ubicación y una prohibición de salida del país.

Es precisamente esta última medida la que ha sido flexibilizada de manera temporal por la jueza Almonte, atendiendo a razones de salud.

La autorización para viajar subraya un aspecto humanitario dentro de un panorama legal que sigue siendo complicado para el acusado. El regreso de Martinez será determinante para la continuación de las audiencias pendientes y el avance de cada uno de los expedientes en los tribunales.

Fuente: N Digital