Querella caso Jet Set es la frase que marca la agenda judicial en Santo Domingo tras la tragedia que enlutó al país. Una nueva demanda por 50 millones de pesos ha sido interpuesta contra Grecia López, madre del empresario Antonio Espaillat, intensificando la batalla legal en los tribunales. Esta querella caso Jet Set busca una compensación económica y moral para los familiares de una de las víctimas fatales del derrumbe.

La acción legal fue recibida por el juez Raymundo Mejía, quien preside el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Los demandantes son la esposa e hijos de Ramón Osiris Blanc Castillo. Este ciudadano perdió la vida bajo los escombros cuando el techo del establecimiento colapsó. Ahora, su familia, compuesta por Patricia Elizabeth Paola Ulloa y sus hijos Valerie Patricia, Osiris Arturo y Osiris Armando Blanc Paola, exige respuestas claras y contundentes ante la justicia dominicana.

Detalles de la demanda millonaria

El documento legal señala directamente a Grecia López. Ella aparece en los papeles oficiales y en el registro mercantil como la representante de la Sociedad Comercial E y L. Esta entidad era la responsable directa de operar el negocio nocturno ubicado en la avenida Independencia. Según informan fuentes como n.com.do, los parientes de Blanc Castillo no solo buscan reparación económica, sino que se establezcan responsabilidades penales claras sobre todos los que tenían el control del lugar.

Hasta el momento, esta es la única acción judicial directa que se conoce contra la madre de los hermanos Espaillat. Sin embargo, el ambiente en los pasillos del Palacio de Justicia sugiere que podrían surgir más reclamos civiles similares. La cifra de 50 millones de pesos refleja la magnitud del daño emocional y la pérdida irreparable que sufrieron los dolientes esa fatídica noche de abril.

El abogado Yan Carlos Martínez, quien representa a otros afectados en el proceso, arrojó luz sobre la gravedad del asunto. Explicó que las implicaciones legales van más allá de un simple accidente. Se habla de homicidio voluntario con dolo eventual. Esto significa, bajo el artículo 295 del Código Penal, que los responsables pudieron haber previsto el riesgo y no actuaron para evitarlo.

Acusaciones contra la familia Espaillat

El Ministerio Público no se ha quedado de brazos cruzados. A inicios de noviembre, presentaron la acusación formal pidiendo apertura a juicio contra Antonio y Maribel Espaillat. Ellos enfrentan cargos por el desastre ocurrido el pasado 8 de abril de 2025. Ese día, el techo de la discoteca Jet Set Club se vino abajo, provocando la muerte de 236 personas y dejando más de 100 heridos. Es una de las peores tragedias que se recuerdan en la capital.

La querella caso Jet Set se suma a un expediente voluminoso que manejan las autoridades. Los fiscales alegan que los hermanos Espaillat, al operar el local sin las debidas garantías, cometieron homicidio involuntario. También se les acusa de causar golpes y heridas involuntarias. Estos delitos están tipificados y sancionados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano. La sociedad espera que el proceso no se dilate y que las pruebas periciales sobre la estructura del techo sean determinantes.

Ministerio Público pide juicio

La instancia fue depositada en la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional. Un equipo de alto nivel lidera la persecución penal. Al frente está el procurador adjunto Wilson Camacho, conocido por su firmeza en la Dirección General de Persecución. Le acompaña la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, quien ha estado muy activa en los medios explicando los avances de la investigación.

El equipo de fiscales se completa con Héctor García, procurador de corte, y los fiscales Magalys Sánchez, Miguel Collado y Rosa Ysabel Mejía. También participan los fiscalizadores Vladimir Viloria y Enmanuel Ramírez Sánchez. Todos trabajan para demostrar que hubo negligencia en el mantenimiento de la estructura. La gente en la calle se pregunta si los dueños sabían del mal estado del techo antes de abrir las puertas esa noche.

Las familias de las 236 víctimas mortales siguen esperando una sentencia ejemplar. Mientras tanto, los sobrevivientes luchan con las secuelas físicas y psicológicas del evento. La demanda contra la madre de los propietarios abre una nueva vía para que los afectados busquen resarcimiento. El caso se mantiene como tendencia en redes sociales, donde los usuarios exigen que no haya impunidad sin importar el poder económico de los implicados.