Fuerza del Pueblo niega acto de campaña de manera categórica luego de que la Junta Central Electoral (JCE) emitiera una intimación formal contra la organización por la marcha realizada el pasado domingo. La tensión entre el partido opositor y el órgano electoral ha acaparado la atención pública, generando un debate intenso sobre los límites del derecho a la protesta y las normativas proselitistas en la República Dominicana.

La Fuerza del Pueblo niega acto de campaña argumentando que la movilización respondió a un reclamo social legítimo y no a una estrategia electoral anticipada. Javier Ubiera, suplente delegado de la organización ante la JCE, salió al frente de las acusaciones, insistiendo en que no existen fundamentos jurídicos para etiquetar la manifestación como una violación a los tiempos electorales establecidos por la ley.

¿Qué está pasando con esto?

El conflicto surge porque la JCE considera que la actividad, denominada “Marcha del Pueblo”, cruzó la línea de lo permitido. Sin embargo, desde la organización verde aseguran que se tomaron todas las previsiones necesarias. Ubiera explicó que incluso la selección musical fue cuidadosa, utilizando temas con contenido social como “El costo de la vida” de Juan Luis Guerra, evitando jingles de promoción política directa.

¿Es verdad que violaron la ley? Esa es la pregunta que muchos se hacen en las calles. La defensa del partido se centra en la espontaneidad de la gente. Según los dirigentes, no pueden controlar si los ciudadanos asisten con prendas de vestir alusivas al partido o si vociferan consignas por iniciativa propia. Para ellos, esto es parte natural de cualquier aglomeración humana y no una directriz institucional sancionable.

Defensa ante la intimación electoral

La postura oficial es clara: la Fuerza del Pueblo niega acto de campaña porque, a su juicio, la actividad no tuvo como fin pedir el voto ni promover candidaturas específicas. Se trató, según sus voceros, de un ejercicio de derechos fundamentales garantizados por la Constitución dominicana, como la libertad de reunión y la expresión del descontento ciudadano ante la situación actual del país.

Según información publicada por el periódico El Día, la JCE advirtió que el uso masivo de símbolos, colores y la promoción a través de canales oficiales del partido podrían configurar una infracción administrativa. El organismo electoral fue enfático al señalar que las protestas sociales no deben confundirse con mítines políticos disfrazados, especialmente cuando faltan meses para la apertura oficial de la precampaña.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Los reportes recientes indican que la JCE se mantiene vigilante. La intimación enviada busca prevenir que estas situaciones se repitan, recordando que la equidad en la contienda es vital. No obstante, Ubiera reiteró que existe una “línea muy fina” entre la participación ciudadana y el proselitismo, y que culpar al partido por la vestimenta de los asistentes es un exceso.

Riesgos y sanciones administrativas

El tema no es menor. De comprobarse la violación a la Ley 20-23 del Régimen Electoral, la organización podría enfrentar consecuencias económicas. La normativa establece multas que oscilan entre uno y doscientos salarios mínimos para quienes organicen manifestaciones públicas fuera de los plazos autorizados.

La situación actual mantiene a la clase política a la expectativa. Mientras la JCE intenta imponer orden para evitar una campaña a destiempo, los partidos de oposición reclaman su espacio para denunciar los problemas que afectan a la población. La Fuerza del Pueblo espera que el Pleno valore el carácter social de la marcha y no la juzgue bajo la óptica estrictamente electoral.

Este enfrentamiento marca un precedente importante de cara a los próximos meses. La discusión sobre qué constituye una protesta válida y qué es un acto de campaña seguirá en la mesa, mientras los organismos correspondientes evalúan si las pruebas presentadas por la JCE son suficientes para pasar de una advertencia a una sanción real.