Caso SeNaSa. Esa es la frase que retumba hoy en los pasillos de la justicia dominicana. Lo que comenzó como rumores y reportajes periodísticos, hoy termina con esposas. La Procuraduría General de la República (PGR) ha tomado acción directa.

El Caso SeNaSa acaba de dar un giro dramático este sábado. Santiago Hazim, exdirector de la entidad, su sobrino Rafael Martínez Hazim y el doctor Eduardo Read están detenidos. La acusación es grave: un entramado de corrupción que habría desviado miles de millones de pesos destinados a la salud de los más pobres.

¿Qué está pasando realmente con el Caso SeNaSa? Aquí te contamos todo lo que la justicia está destapando, sin rodeos.

El interrogatorio que terminó en arresto

Todo se aceleró en las últimas horas. El doctor Eduardo Read, figura clave del Grupo Read, fue citado a la Procuraduría. Lo que parecía un interrogatorio de rutina se transformó en detención.

Las autoridades investigan su firma en un contrato multimillonario para la atención primaria del régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Aquí está el problema: privatizaron un servicio que, por ley, es público.

Una fuente de entero crédito confirmó que los tres implicados —Hazim, su sobrino y Read— serán trasladados a la "carcelita" del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Se les acusa de delitos pesados: corrupción, asociación de malhechores y colusión contra el Estado.

Un contrato hecho a la medida

El escándalo, destapado originalmente por el programa N Investiga, expone una maquinaria diseñada para drenar recursos. Santiago Hazim, durante su gestión, firmó acuerdos con la empresa Khersum, vinculada a Read.

¿La trampa? El pago por cápita.

El Estado pagaba RD$130 fijos por cada afiliado. Si haces los cálculos, son unos RD$65 millones al mes. Al año, la cifra asciende a RD$780 millones.

La empresa cobraba ese dinero sin importar si los pacientes recibían atención o no. Si nadie iba al médico, la empresa ganaba más. Era un negocio redondo para el privado y una pérdida sangrante para el público.

Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía, lo explicó claro:

"En los pagos capitados se supone que los centros de salud estén en responsabilidad de mejorar la salud... pero eso es muy difícil monitorear. Es muy difícil saber si están llamando a las personas".

¿Dónde están los consultorios?

Aquí la indignación crece. SeNaSa pagaba por 500,000 afiliados. Supuestamente, la empresa tenía 35 consultorios privados repartidos por el país. Pero la realidad era otra.

N Investiga hizo la tarea. De cinco puntos visitados al azar, solo uno (en Diamond Plaza) operaba con normalidad. Los demás eran fantasmas, locales vacíos o con servicios precarios.

Lo más grave es la desinformación. Al llamar a SeNaSa preguntando dónde podía atenderse un envejeciente del régimen subsidiado, la respuesta oficial fue: "Vaya al hospital público". Ni siquiera la propia institución sabía de la existencia real de estos centros privados millonarios.

El contrato de 16 páginas era vago. No exigía auditorías claras ni mecanismos de supervisión. Simplemente, el dinero fluía.

Desde 2021 hasta 2025, la empresa Khersum recibió la friolera de 3,770 millones de pesos. De ese dinero, un 30% debió retornar a SeNaSa, pero las cuentas no cuadran.

El sobrino y la telemedicina

La trama familiar también sale a la luz. Rafael Martínez Hazim, sobrino del exdirector, no se quedó fuera del pastel. Creó la marca "My Care".

¿Su función? Brindar servicios de telemedicina pagados por el Estado. Esta empresa también resultó beneficiada con contratos jugosos bajo la sombrilla de su tío. Todo quedaba en casa mientras el dinero de los contribuyentes cambiaba de manos.

Justicia lenta, pero llega

Hace unos meses, el procurador adjunto Wilson Camacho ya había advertido sobre esto. Dijo que tenían "varias líneas de investigación abiertas" sobre los últimos cinco años de gestión en SeNaSa.

"Estamos investigando todo lo que ha sucedido allí... pagos por servicios médicos que podrían no haberse realizado", señaló Camacho en su momento.

Hoy, esa advertencia se cumple. El Ministerio Público ha estado rastreando pagos indebidos y contratos adjudicados sin justificación. La privatización del régimen subsidiado es una anomalía. En la mayoría de los países, el primer nivel de atención (prevención, chequeos) es 100% público.

Al meter intermediarios privados que cobran fijo, se rompe la lógica de servicio. El incentivo perverso es no atender a nadie para quedarse con todo el dinero de la cápita.

¿Cómo afecta esto al dominicano de a pie?

Si eres usuario del régimen subsidiado, esto te golpea directo. Ese dinero desviado debía usarse para medicinas, mejores hospitales y atención real.

En lugar de fortalecer la red pública, se enviaron miles de millones a cuentas privadas. Se estima que apenas un 30% o 35% de los afiliados acudían a recibir servicios. El resto del dinero se convertía en ganancia pura para la empresa, sin contraprestación alguna para el Estado.

La investigación apunta a que se ocultaron contratos clave. La falta de transparencia fue la norma. Ahora, con Hazim y Read tras las rejas, se espera que empiecen a caer más nombres o se revelen más detalles de cómo operaba esta mafia de bata blanca.